Desacuerdo unánime. La oposición expresó su postura y afea al grupo de gobierno una convocatoria, con menos de 24 horas para analizar la documentación. Resultado: 6 votos a favor y 4 en contra
Tres concejales electos de vacaciones, ola de calor, y menos de 24 horas para conocer la documentación. Así comenzó la sesión extraordinaria, el pasado mes de agosto, convocada para tratar el presupuesto 2023. La propuesta de gasto para este ejercicio es de 20M€. Francisco Atta, alcalde del municipio, aseguró que “efectivamente correspondía haberlo aprobarlo antes, pero no estaba elaborado”.
Juan Carlos Atta, portavoz de AV, considera que “el motivo real por el que el alcalde convocó este pleno por la vía de urgencia tenía como objetivo, evitar que pudiésemos estudiar la documentación y preparar nuestras intervenciones. Recortar el derecho de participación es un hecho muy grave”, denuncia el líder de la oposición. Asamblea Valsequillera presentará en las próximas fechas un recurso de reposición y, en función de la respuesta, valorará la interposición de un recurso contencioso administrativo.
Víctor Navarro, portavoz de la coalición “El Cambio Necesario”, señala que “un presupuesto no puede ser extraordinario ni urgente, cuando el artículo 112 de la ley de Haciendas Locales, recoge perfectamente que debe ser aprobado antes del 31 de diciembre del año anterior. Han pasado más de seis meses”. El alcalde le espetó que “independientemente de que se debería tener más tiempo para su debate, esta convocatoria urgente está dentro de la legalidad”. Navarro le recordó a Atta que “no es algo nuevo, estas prácticas se han instalado en los últimos doce años de su alcaldía”
El portavoz de la plataforma vecinal “Por Valsequillo”, Ibán Medina, lamenta que “salga de manera urgente en agosto, teniendo escasas horas para solicitar la información”. Medina expresó su preocupación por el proceso: “Hay indicios suficientes para pensar que esta convocatoria se articula para que los grupos no podamos debatir un asunto tan importante”. Sostiene que “este presupuesto se aprueba sin ser revisado por nadie, salvo el alcalde y su grupo de gobierno, como se hace en las mejores dictaduras”, y espera que “sea un error” ya que “a esto se le puede llamar de todo menos transparencia”
Algunos tildan la actuación de mala fe, otros creen que intentan vulnerar los derechos democráticos. Las probabilidades de que esta “jugada” tenga consecuencias son escasas, podría convertirse en una anécdota. Lo contrario sería una declaración de intenciones, en transparencia, participación y altura política, de lo que representará el nuevo gobierno (ASBA-Coalición Canaria) en esta etapa.
